Caso Gerardi
Las dos caras del canciller.
ARTICULO SOBRE LA RATA GUTIERREZ
Maite Rico Bertrand de la Grange
publicado:Guatemala, domingo 11 de enero de 2004
En Elperiodico.
publicado:Guatemala, domingo 11 de enero de 2004
En Elperiodico.
“En su amplio y cómodo despacho de la Secretaría de Análisis Estratégico
(SAE), Edgar Gutiérrez se sentía en su elemento, dirigiendo una
institución que había denostado en el pasado por sus funciones
represivas y sus investigaciones ilegales. (...) El “heredero” del
obispo Gerardi y cerebro del Remhi acabaría sucumbiendo, sin embargo, a
las viejas prácticas. (...) De repente tenía la sartén por el mango y no
dudaría en usar los instrumentos a su alcance para el espionaje
político y las campañas negras contra los opositores. Apuntalar el
entramado del caso Gerardi sería una de sus primeras preocupaciones”.
Éste y otros extractos de nuestro libro sobre el asesinato de monseñor Juan Gerardi (¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político, editorial Planeta) han sulfurado al todavía ministro de Relaciones Exteriores, Edgar Gutiérrez. La virulencia y la vaciedad de su réplica, publicada en elPeriódico el pasado domingo, respaldan la credibilidad de nuestros hallazgos sobre la manipulación política y judicial del crimen, en la que él y su gobierno participaron de lleno.
Al frente de la SAE, Gutiérrez ordenó investigaciones ilegales, espió a los acusados y se reunió con el fiscal Leopoldo Zeissig, al que facilitó varios “testigos providenciales”. El Canciller nos acusa de “innumerables imprecisiones” y “falsedades flagrantes”, pero se guarda de citar una sola. A falta de datos concretos, recurre a lo único que ejerce con maestría: la intoxicación. Y así, asegura que el capitán Byron Lima revisó nuestro manuscrito en el presidio. El único libro que pusimos a disposición del capitán Lima fue nuestro anterior trabajo, Marcos, la genial impostura, por el que, por cierto, Edgar Gutiérrez nos felicitó calurosamente en su momento.
Pero así es él, siempre con su doble discurso y su mirada huidiza... Pocos se acuerdan ya de aquella columna que publicó en este diario el 2 de agosto de 1999, en la que denunciaba “una campañita de desinformación” que lo ubicaba como asesor del candidato Alfonso Portillo. ¿Cobijarse él bajo el paraguas de Efraín Ríos Montt, al que acusaba en el Remhi de crímenes de lesa humanidad? Cinco meses más tarde, Gutiérrez, con su gesto de monaguillo, emergía como el flamante jefe de los servicios de inteligencia del gobierno del FRG.
Desde ahí se encargó de que el presidente Portillo cumpliera su promesa de resolver el caso Gerardi. Una semana después de su toma de posesión, en enero de 2000, tres militares y un sacerdote eran detenidos gracias al cambio de testimonio del indigente Rubén Chanax. De repente, las investigaciones “azarosas, accidentadas y controversiales”, como reconoce el ministro Gutiérrez, daban frutos milagrosos y lograban la condena de los acusados a 30 años.
Los fiscales y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado estaban exultantes. No se diga Portillo, que se presentaba ante la comunidad internacional como el adalid de la lucha contra la impunidad. En realidad, el crimen seguía impune: nada se sabía de los autores materiales ni intelectuales. Pero eso era lo de menos. La tesis de los acusadores, que culpaban del crimen a la cúpula militar de Álvaro Arzú (y al propio mandatario) quedaba consagrada como “versión oficial”. Lo que no se explicaba era qué interés podían tener Arzú y los oficiales de su confianza en dinamitar, en un año preelectoral, un proceso de paz que era su mejor carta de presentación.
Asistimos al juicio día a día, entrevistamos a todos los implicados, analizamos el expediente, dimos seguimiento a los testigos. Descubrimos que la investigación había sido manipulada. Que los fiscales habían ocultado información. Que los testigos clave habían sido preparados. Que el tribunal de sentencia había alterado las actas del juicio para consolidar la “culpabilidad” de los acusados...
Gutiérrez sataniza a los condenados con el propósito miserable de diluir su propia responsabilidad en el encarcelamiento de inocentes y en el asesinato de uno de ellos, el ex sargento Obdulio Villanueva. Ahora, el Canciller acusa al coronel Lima de cometer “terribles matanzas” en Quiché. ¿Cómo es que no incluyó ese dato en el Remhi, que con tanto celo dirigió? Tampoco en el juicio Gutiérrez mencionó un solo abuso cometido por Lima.
Creemos que el asesinato de monseñor Gerardi sí fue un crimen político, pero no tramado por el Estado Mayor Presidencial de Arzú, sino por sus enemigos políticos. Entre ellos, había oficiales de Inteligencia depurados por presuntos vínculos con el contrabando. El objetivo del crimen era ajustar cuentas políticas, desestabilizar al gobierno y allanar el camino a la victoria del FRG.
Por eso resulta hilarante que Edgar Gutiérrez diga que “el núcleo de (nuestra) argumentación proviene de una acción deliberada típica de agentes y aparatos de la inteligencia tradicional”, cuando la hipótesis que desarrollamos en el libro es, precisamente, que “la inteligencia tradicional” montó el crimen.
Más que una réplica, el ministro busca un espacio para adecentar su currículum. La verdad es que le hace mucha falta. De “heredero” del obispo Gerardi, pasará a ser recordado como el Rasputín del gobierno más corrupto de la historia de Guatemala.
Preocupado por su futura chamba, Gutiérrez intenta presentarse como el heroico y abnegado activista que se sacrificó durante cuatro años para “desmilitarizar” el aparato de inteligencia. De su desempeño en la SAE da sobrada cuenta la hemeroteca. No vio venir la hambruna de Camotán, ni se percató de que los decomisos de droga se reducían a niveles irrisorios y que los cárteles brotaban como champiñones. El émulo de Cara de Ángel, el siniestro personaje de la novela de Asturias El Señor Presidente, estaba muy ocupado en la desarticulación de los movimientos ciudadanos de oposición, en la difamación de periodistas y activistas humanitarios y en llenarle la cabeza al Presidente de pajas sobre intentonas golpistas.
“No veo dónde están los poderes ocultos”, declaraba entonces. Y hoy se ha vuelto el principal promotor de la Ciciacs, el organismo encargado de investigar los grupos clandestinos. Por cierto que esa entidad debería empezar por indagar las redes de espionaje del actual Canciller.
Éste y otros extractos de nuestro libro sobre el asesinato de monseñor Juan Gerardi (¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político, editorial Planeta) han sulfurado al todavía ministro de Relaciones Exteriores, Edgar Gutiérrez. La virulencia y la vaciedad de su réplica, publicada en elPeriódico el pasado domingo, respaldan la credibilidad de nuestros hallazgos sobre la manipulación política y judicial del crimen, en la que él y su gobierno participaron de lleno.
Al frente de la SAE, Gutiérrez ordenó investigaciones ilegales, espió a los acusados y se reunió con el fiscal Leopoldo Zeissig, al que facilitó varios “testigos providenciales”. El Canciller nos acusa de “innumerables imprecisiones” y “falsedades flagrantes”, pero se guarda de citar una sola. A falta de datos concretos, recurre a lo único que ejerce con maestría: la intoxicación. Y así, asegura que el capitán Byron Lima revisó nuestro manuscrito en el presidio. El único libro que pusimos a disposición del capitán Lima fue nuestro anterior trabajo, Marcos, la genial impostura, por el que, por cierto, Edgar Gutiérrez nos felicitó calurosamente en su momento.
Pero así es él, siempre con su doble discurso y su mirada huidiza... Pocos se acuerdan ya de aquella columna que publicó en este diario el 2 de agosto de 1999, en la que denunciaba “una campañita de desinformación” que lo ubicaba como asesor del candidato Alfonso Portillo. ¿Cobijarse él bajo el paraguas de Efraín Ríos Montt, al que acusaba en el Remhi de crímenes de lesa humanidad? Cinco meses más tarde, Gutiérrez, con su gesto de monaguillo, emergía como el flamante jefe de los servicios de inteligencia del gobierno del FRG.
Desde ahí se encargó de que el presidente Portillo cumpliera su promesa de resolver el caso Gerardi. Una semana después de su toma de posesión, en enero de 2000, tres militares y un sacerdote eran detenidos gracias al cambio de testimonio del indigente Rubén Chanax. De repente, las investigaciones “azarosas, accidentadas y controversiales”, como reconoce el ministro Gutiérrez, daban frutos milagrosos y lograban la condena de los acusados a 30 años.
Los fiscales y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado estaban exultantes. No se diga Portillo, que se presentaba ante la comunidad internacional como el adalid de la lucha contra la impunidad. En realidad, el crimen seguía impune: nada se sabía de los autores materiales ni intelectuales. Pero eso era lo de menos. La tesis de los acusadores, que culpaban del crimen a la cúpula militar de Álvaro Arzú (y al propio mandatario) quedaba consagrada como “versión oficial”. Lo que no se explicaba era qué interés podían tener Arzú y los oficiales de su confianza en dinamitar, en un año preelectoral, un proceso de paz que era su mejor carta de presentación.
Asistimos al juicio día a día, entrevistamos a todos los implicados, analizamos el expediente, dimos seguimiento a los testigos. Descubrimos que la investigación había sido manipulada. Que los fiscales habían ocultado información. Que los testigos clave habían sido preparados. Que el tribunal de sentencia había alterado las actas del juicio para consolidar la “culpabilidad” de los acusados...
Gutiérrez sataniza a los condenados con el propósito miserable de diluir su propia responsabilidad en el encarcelamiento de inocentes y en el asesinato de uno de ellos, el ex sargento Obdulio Villanueva. Ahora, el Canciller acusa al coronel Lima de cometer “terribles matanzas” en Quiché. ¿Cómo es que no incluyó ese dato en el Remhi, que con tanto celo dirigió? Tampoco en el juicio Gutiérrez mencionó un solo abuso cometido por Lima.
Creemos que el asesinato de monseñor Gerardi sí fue un crimen político, pero no tramado por el Estado Mayor Presidencial de Arzú, sino por sus enemigos políticos. Entre ellos, había oficiales de Inteligencia depurados por presuntos vínculos con el contrabando. El objetivo del crimen era ajustar cuentas políticas, desestabilizar al gobierno y allanar el camino a la victoria del FRG.
Por eso resulta hilarante que Edgar Gutiérrez diga que “el núcleo de (nuestra) argumentación proviene de una acción deliberada típica de agentes y aparatos de la inteligencia tradicional”, cuando la hipótesis que desarrollamos en el libro es, precisamente, que “la inteligencia tradicional” montó el crimen.
Más que una réplica, el ministro busca un espacio para adecentar su currículum. La verdad es que le hace mucha falta. De “heredero” del obispo Gerardi, pasará a ser recordado como el Rasputín del gobierno más corrupto de la historia de Guatemala.
Preocupado por su futura chamba, Gutiérrez intenta presentarse como el heroico y abnegado activista que se sacrificó durante cuatro años para “desmilitarizar” el aparato de inteligencia. De su desempeño en la SAE da sobrada cuenta la hemeroteca. No vio venir la hambruna de Camotán, ni se percató de que los decomisos de droga se reducían a niveles irrisorios y que los cárteles brotaban como champiñones. El émulo de Cara de Ángel, el siniestro personaje de la novela de Asturias El Señor Presidente, estaba muy ocupado en la desarticulación de los movimientos ciudadanos de oposición, en la difamación de periodistas y activistas humanitarios y en llenarle la cabeza al Presidente de pajas sobre intentonas golpistas.
“No veo dónde están los poderes ocultos”, declaraba entonces. Y hoy se ha vuelto el principal promotor de la Ciciacs, el organismo encargado de investigar los grupos clandestinos. Por cierto que esa entidad debería empezar por indagar las redes de espionaje del actual Canciller.
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